LA LEY

 

Valladolid da la razón al Ayuntamiento en el caso de la Covatilla
 

www.aytobejar.com              En Béjar a viernes, 10 de marzo de 2006
01/07/2004 Redacción

 La decisión judicial fue anunciada por el letrado Enrique Rivero

Durante la tarde de ayer el alcade de Béjar, Alejo Riñones acompañado de su equipo de gobierno y del abogado Enrique Rivero anunciaron la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Valladolid que ratificaba la decisión del Tribunal de Salamanca que desestimaba la denuncia de tres organizaciones pertenecientes a Ecologistas en Acción que denunciaron la construcción de la estación.

El catedrático de derecho administrativo Enrique Rivero y abogado del Ayuntamiento de Béjar en el proceso contra la licencia de actividades de la la estación de esquí Sierra de Béjar- La Covatilla dió a conocer en el día de ayer la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Valladolid de desestimar el recurso de tres organizaciones de ecologistas que atacaban la licencia de actividades de todas las instalaciones de la estación de esquí bejarana.
Según palabras del alcalde, “ si la decisión hubiera sido a favor de los denunciantes, el Ayuntamiento no hubiera tenido más remedio que cerrar mañana mismo todas las instalaciones que componen la estacón de esquí”, para dar a los medios de comunicación una idea de la trascendencia de la demanda.
El catedrático Rivero afirmó que el caso era de suma responsabilidad y que en la vida profesional de un letrado se dan pocas ocasiones de la naturaleza de la que ha tenido la oportunidad de defender.
Rivera afirmó que tanto la sentencia del Tribunal de Salamanca como la del Tribunal Superior de Justicia de Valladolid “son contundentes, reflexivas, meditadas e inapelables. Con este pronunciamiento se acaba el proceso judicial” afirmó el abogado. En la misma línea afirmó que la sentencia de Valladolid ha ratificado punto por punto la de Salamanca y afirmado que la licencia de suelo no urbanizable seguía escrupulosamente la legalidad, que las licencias de obras eran competencia de los Ayuntamientos de Navacarros y La Hoya y que las licencias de actividades de las instalaciones de la estación respetan la red natural 2000, y la ley  de ordenación del Parque Natural de Candelario. Según el abogado, los intereses colectivos pueden convivir perfectamente y de modo conciliador con los de la preservación de la Naturaleza, y con la declaración de impacto natural, pero de no considerarse así se ha considerado que hay intereses colectivos que priman por encima de los otros.
De este modo, se pone fin a seis años de pleito y a tres años de juicio en el Tribunal Superior de Justicia de Valladolid.
Riñones afirmó que espera una disculpa de las asociaciones ecologistas demandantes y de los grupos políticos que en su día criticaron la construcción de la estación y señalaron su ilegalidad.