MOCIÓN MUNICIPAL

El pasado viernes 30 de Junio, en el pleno del ayuntamiento de Candelario, se aprobó por unanimidad la siguiente moción.

Todos los concejales nos hemos presentado por diferentes partidos políticos. Pero una vez que hemos sido elegidos la fidelidad se la debemos al pueblo de Candelario, por encima de intereses partidistas. Quisiera recordar antes de exponer los motivos de mi moción los párrafos extraídos del Código Penal que en su día el Sr. Secretario tuvo a bien transcribirnos. El Código Penal establece (artículo 319) que: “1.- Se impondrán las penas de prisión de seis meses a tres años, multa de doce a veinticuatro meses e inhabilitación especial para profesión u oficio por tiempo de seis meses a tres años, a los promotores, constructores o técnicos directores que lleven a cabo una construcción no autorizada en suelos destinados a viales, zonas verdes, bienes de dominio público o lugares que tengan legal o administrativamente reconocido su valor paisajístico, ecológico, artístico, histórico o cultural, o por los mismos motivos hayan sido considerados de especial protección. 2.- Se impondrán las penas de prisión de seis meses a dos años, multa de doce a veinticuatro meses e inhabilitación especial para profesión u oficio por tiempo de seis meses a tres años, a los promotores, constructores o técnicos directores que lleven a cabo una edificación no autorizable en el suelo no urbanizable.” Asimismo el artículo 320 establece que: “1.- La Autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, haya informado favorablemente proyectos de edificación o la concesión de licencias contrarias a las normas urbanísticas vigentes será castigado con la pena establecida en el artículo 404 de este Código y, además, con la prisión de seis meses a dos años o la de multa de doce a veinticuatro meses. 2.- Con las mismas penas se castigará a la Autoridad o funcionario público que por sí mismo o como miembro de un Organismo colegiado haya resuelto o votado a favor de su concesión a sabiendas de su injusticia.”  En el pasado pleno del 29 de mayo pregunté si existía alguna denuncia formulada por el Se.Pro.Na. en el año 2004 y referente a movimientos de tierras en la finca conocida como la Cardosa en el término municipal de Candelario. Se me ha remitido copia de la denuncia no así del registro de entrada.Es sorprendente que estos hechos se remonten al 4 de octubre de 2004 sin que al día de hoy este pleno y lo que me parece aún más grave que la Comisión Informativa no tenga conocimiento de esta denuncia y este Ayuntamiento no haya abierto un expediente contra los promotores de las obras, Gecobesa y la corporación local de Béjar.En repetidas ocasiones, por parte de este concejal y algún miembro de otro grupo, se ha preguntado y comentado este hecho y por parte del equipo de gobierno ha negado que las obras referidas se estuviesen realizando en el término municipal de Candelario. Paso a extraer parte del informe denuncia del 10 de octubre de 2004 realizada por el Se.Pro.Na.  “Cuando la fuerza prestaba servicio propio de la especialidad; se observó como se realizaban construcciones de ampliación y de nueva planta en el centro turístico de la Covatilla término municipal de La Hoya.Realizadas las gestiones oportunas por el Cabo 1º con el T.I.P. nº L65422F y Guardia Civil con T.I.P. nº K45158K, se comprobó que las actuaciones se llevaban a cabo en terrenos calificados como rústico. En el momento de serle requeridas las correspondientes licencias urbanísticas, no fueron presentadas. A la vez se realizan desmontes y corrimientos de tierras en los términos municipales de Navacarros y Candelario, también sin haber presentado las licencias urbanísticas.” A raíz de este hecho este concejal ha tenido conocimiento de otra grave actuación dentro del término municipal de Candelario: la denuncia del mes de junio del 2005 ante el Se.Pro.Na. y la fiscalía provincial de Salamanca por obras realizadas presuntamente por la Mancomunidad del Ambroz y el Ayuntamiento de la Garganta, afectaron al término municipal de Candelario ejecutándose sin Licencia de Obras, ni autorización que se sepa del Ayuntamiento cuyo término ha sido afectado, ni Evaluación de Impacto Ambiental, aunque, según parece, existía un informe desfavorable de la Comunidad Autónoma de Castilla y León.Las obras consistieron en la realización de una pista de más de 2 km. con taludes y excavaciones. Así como una pequeña captación de agua del Arroyo del Espinarejo. La zona afectada está declarada Z.E.P.A. por la Comunidad Europea y es de alto valor ecológico afectando a una turbera y al arroyo con la presencia del desmán de los Pirineos. Con todos estos antecedentes, no es de extrañar que recientemente se pretendiera instalar una antena de telefonía móvil sin las correspondientes licencias.Es paradójico que todas estas agresiones sean más conocidas fuera de nuestro pueblo que dentro. Dos ejemplos significativos de esto los encontramos en la pregunta presentada por David Hammerstein ante la Comisión europea:
  “Además de lo apuntado se han llevado a cabo importantes ampliaciones de edificaciones,  cañones de nieve artificial, cintas mecánicas de esquí, aumento del dominio esquiable (quintuplicándolo), etc. en el mismo lugar y hacia el paraje de “La Cardosa” incluido en la ZEPA y el LIC de la “Sierra de Candelario”, con idénticas afecciones a Natura 2000, sin que las obras hayan sido sometidas al procedimiento administrativo[i] de Información Pública y consiguiente EIA.”     Y en la pregunta realizada por la diputada Navarro Casillas Isaura en el Congreso de los Diputados: “¿Qué actuaciones tiene previsto adoptar el Gobierno respecto a las denuncias presentadas ante la fiscalía de Salamanca en relación con la ampliación de las pistas de esquí de la estación de la Covatilla?” Queriendo pensar que esta desidia ante la defensa de los intereses de Candelario es una falta de gestión y motivación del equipo de gobierno, y teniendo como base la circular que el anterior Fiscal General, Jesús Cardenal, envió a los fiscales jefes de Castilla y León que dice “de la información recibida se ha podido comprobar la existencia de un creciente número de atentados contra el medio ambiente que, por su naturaleza y gravedad, merecen posiblemente, tratamiento penal en lugar de tratamiento administrativo”. Propongo por todo ello a consideración del pleno la siguiente moción. Primer punto.1.-Abrir un expediente urbanístico contra la empresa Gecobesa y la corporación local de Béjar teniendo como base la denuncia realizada por el Se.Pro.Na., así como las actuaciones realizadas recientemente.                       2.- Informar a la Fiscalía provincial para que abra las diligencias pertinentes por si dichos hechos constituyeran delito ecológico. Segundo punto.- Abrir expediente urbanístico contra FOMEX.SA como promotores de las obras realizadas en la zona conocida como Valle del Espinarejo y personarse en las diligencias abiertas por Fiscalía provincial de Salamanca. Tercer punto.- Abrir expediente urbanístico al promotor o promotores de las excavaciones realizadas para la instalación de la antena de telefonía móvil por hallarse éstos sin licencia municipal.